Un estudio realizado en Estados Unidos y en otros 32 países del planeta ha revelado que el castigo físico sufrido en la infancia condiciona el desarrollo mental de los pequeños. Las mediciones del cociente intelectual de miles de niños revelaron que aquéllos que no habían sufrido este tipo de castigos tenían entre 2,8 y 5 puntos más de CI que los que sí los habían padecido. Según los investigadores, estos resultados ponen de relieve la necesidad de ilegalizar esta costumbre en todas las naciones.
Los niños que son reprendidos con azotes tienen un cociente intelectual (CI) más bajo que los que no lo son, señala un estudio realizado por la Universidad de New Hampshire, en Estados Unidos, cuyos resultados fueron presentados el pasado 25 de septiembre en la Conferencia Internacional sobre Violencia, Abuso y Trauma, celebrada en San Diego (California).
La investigación ha revelado, además, que la reducción del CI como consecuencia de los castigos físicos padecidos en la infancia es un fenómeno que se da a nivel global, y no sólo en Estados Unidos. El CI es la puntuación que se obtiene a partir de la realización de tests estandarizados, diseñados para medir la inteligencia.
Murray Straus, profesor de psicología de la Universidad de New Hampshire y autor de la investigación afirma, en un comunicado emitido por dicha universidad: “Todos los padres quieren tener hijos listos. El presente estudio demuestra que evitar los azotes para corregir las malas conductas puede ayudar a conseguirlo”.
Terminar con la costumbre
Straus añade que “los resultados de esta investigación tienen implicaciones importantes para el bienestar de los niños de todo el planeta”. El científico señala, además, que los psicólogos deben reconocer la necesidad de ayudar a los padres a terminar con la costumbre del castigo físico, e incorporar este objetivo a sus prácticas médicas.
El esfuerzo por erradicar esta costumbre debe tener incluso un reflejo en la legislación, que debería asegurar el bienestar infantil con leyes contra el castigo físico en los niños, asegura el investigador.
La postura de Straus es justificable considerando que los resultados de su estudio son cuanto menos llamativos. Él y su colaborador, Mallie Paschall, del Pacific Institute for Research and Evaluation, analizaron a 806 niños estadounidenses de entre dos y cuatro años, y a 704 niños de edades comprendidas entre los cinco y los nueve años. Ambos grupos volvieron a ser analizados cuatro años más tarde.
Así, se descubrió que los niños del primer grupo que en esos cuatro años no habían recibido castigos físicos tenían un cociente intelectual cinco puntos más alto que los niños a los que sí se había pegado.
En el caso del segundo grupo, de niños de entre cinco y nueve años, aquéllos a los que no se había pegado durante ese mismo periodo presentaban un CI de 2,8 puntos más que los niños que sí habían sufrido castigos físicos.
Situación a nivel global
Straus señala que la frecuencia de estos castigos también marca una diferencia: cuanto más se pegue a los niños, más lento es el desarrollo de sus habilidades mentales. Sin embargo, incluso pequeñas dosis de castigo físico reducen el CI.
Los científicos analizaron posteriormente la situación a nivel global. Así, descubrieron que en países donde el castigo físico es más común, la media nacional de CI es más baja que en otros.
El análisis realizado indicó, además, una fuerte relación entre el castigo físico y la reducción del CI en los casos de padres que mantienen esta forma de reprender incluso cuando sus hijos ya son adolescentes.
Para esta parte del estudio, fueron analizados datos de 32 países sobre el castigo físico sufrido por 17.404 estudiantes de universidad, cuando éstos eran niños.
Cuanto más alto es el porcentaje de padres que en un país usan el castigo físico con sus hijos adolescentes, más baja es la media nacional de CI.
Dos posibles explicaciones
Según Straus, la relación entre el castigo físico y el CI más bajo tiene dos posibles explicaciones.
En primer lugar, este tipo de castigos es extremadamente estresante, y puede convertirse en un factor estresante crónico para los niños pequeños que los sufren tres o más veces a la semana. Muchos de ellos continúan padeciéndolos durante años. Se sabe que el estrés crónico está relacionado con un CI más bajo.
En segundo lugar, se produce una correspondencia entre el nivel de desarrollo económico de los países y el grado de uso del castigo físico con los hijos. Un nivel de desarrollo más alto coincide con una menor tendencia de los padres a aplicar el castigo físico y, también, con un CI nacional más alto.
Una buena noticia
El estudio de Straus y Paschall ha revelado, sin embargo, una buena noticia: el uso del castigo físico se ha ido reduciendo a nivel planetario, lo que podría suponer un incremento en el CI global.
Según Straus, “la tendencia global a eliminar los castigos físicos se refleja más claramente en los 24 países que los han prohibido legalmente. Tanto la Unión Europea como las Naciones Unidas han hecho un llamamiento a todos los países miembros para que prohíban a los padres este tipo de castigos. Algunos de los 24 países en los que ya son ilegales se han hecho grandes esfuerzos por informar y asistir a los padres en el tratamiento con sus hijos. En otros, se ha hecho poco por poner en marcha la prohibición”.
De cualquier forma, hay evidencias de que las actitudes a favor de este tipo de castigos se han reducido incluso en países donde no se han hecho leyes contra ellos.
El primer país europeo que prohibió por ley el castigo físico infantil fue Suecia. Hoy día, esta práctica ha sido prohibida además en otros países del mundo, como Alemania, Austria, Bulgaria, Chile, Croacia, Chipre, Dinamarca, España, Finlandia, Grecia, Hungría, Islandia, Israel, Italia, Letonia, Noruega, Nueva Zelanda, los Países Bajos, Portugal, Rumanía, Suecia, Ucrania, Uruguay, Venezuela y Costa Rica.
Por último, el castigo físico incumple tres de los cuatro pilares de la legislación de la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989: el interés superior del niño, su derecho a la supervivencia y al desarrollo, y el derecho a que sea respetado su punto de vista.
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