¿Qué países son los más corruptos del mundo?

La organización internacional Transparencia Internacional publica desde 1995 el Índice de percepción de la corrupción que mide, en una escala de cero (percepción de muy corrupto) a diez (percepción de ausencia de corrupción), los niveles de percepción de corrupción en el sector público en un país determinado y consiste en un índice compuesto, que se basa en diversas encuestas a expertos y empresas.

Dinamarca, Nueva Zelanda y Suecia comparten la mayor puntuación, de 9,3. Al final de la lista se ubica Somalia, con 1,0, precedida por una estrecha diferencia por Iraq, y dejando al margen a países del tercer mundo, destacan negativamente los casos particulares de Venezuela, Rusia o Argentina.

(Actualizado año 2013)

Dinamarca 9.1

Nueva Zelanda 9.1

Suecia 8.9

Finlandia 8.9
Noruega 8.6
Suiza 8.5

Holanda 8.3

Canada 8.1

Australia 8.1

Islandia 7.8

Irlanda 7.8

Alemania 7.8

Reino Unido 7.8

Bélgica 7.5
Japón 7.4

Uruguay 7.3
Estados Unidos 7.3

Francia 7.1

Chile 7.1
Austria 6.9

Portugal 6.2

Polonia 6.0
España 5.9

Hungría 5.4

Cuba 4.6

Italia 4.3

Rumanía 4.3
Sudáfrica 4.2

Brasil 4.2
Grecia 4.0

Perú 3.8

Colombia 3.6

México 3.4

Argentina 3.4
Rusia 2.8

Nigeria 2.5

Camerún 2.5

Venezuela 2.0

Iraq 1.6

Somalia 0.8

A nivel personal la primera reflexión que se me viene a la mente es que existen dos correlaciones bastante claras en los resultados, por una parte a mayor nivel económico, educativo, social y político del país mejores son sus resultados y viceversa. La segunda es la tendencia negativa en los resultados de los países de "cultura latina" con independencia de su poder económico.

Países como Francia, Portugal o España, y sobre todo Italia o Argentina llevan años mostrando niveles de corrupción y de calidad de gobierno más parecidos a los de países autoritarios en vías de desarrollo que a los propios de democracias capitalistas avanzadas con décadas de pertenencia a la OCDE.

Una primera tentación que hay que evitar es la de afirmar que la corrupción está en "nuestra cultura". Los países desarrollan "malas" culturas -o culturas donde predomina la desconfianza social- como consecuencia de unos elevados niveles de corrupción.

Como la literatura moderna sobre corrupción señala, las causas de la corrupción no hay que buscarlas en una "mala cultura" o en una regulación insuficiente, sino en la politización de las instituciones públicas. Las administraciones más proclives a la corrupción son aquéllas con un mayor número de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento político. Y aquí, por ejemplo, el contraste entre España y los países europeos con niveles bajos de corrupción es significativo. En una ciudad europea de 100.000 a 500.000 habitantes puede haber, incluyendo al alcalde, dos o tres personas cuyo sueldo depende de que el partido X gane las elecciones. En España, el partido que controla un gobierno local puede nombrar multitud de altos cargos y asesores, y, a la vez, tejer una red de agencias y fundaciones con plena discreción en política de personal. En total, en una ciudad media española puede haber cientos de personas cuyos salarios dependen de que el partido X gane las elecciones. Por extrapolación podemos extender ese razonamiento a otros países de similitud cultural.

Los empleados públicos con un horizonte laboral limitado por la incertidumbre de las próximas elecciones son más propensos a aceptar o a solicitar sobornos a cambio de tratos de favor que los empleados públicos con un contrato estable. A diferencia de lo que ocurre en la mayoría del mundo occidental, donde los políticos locales están forzados a tomar decisiones junto a funcionarios que estarían dispuestos a denunciar cualquier sospecha de trato de favor, toda la cadena de decisión de una política pública está en manos de personas que comparten un objetivo común: ganar las elecciones.

Parece claro que hay que priorizar la búsqueda de mecanismos institucionales para que se seleccionen empleados públicos cuya continuidad en el cargo dependa de su competencia o mérito y no de su lealtad política.

Por ejemplo, los dos países menos corruptos del mundo en 2008, Suecia y Nueva Zelanda, eliminaron hace años el estatus funcionarial para la gran mayoría de sus empleados públicos, que en la actualidad se rigen por la misma legislación laboral que cualquier trabajador del sector privado.

¿Podemos aspirar a unas administraciones más flexibles y eficientes y, a la vez, menos corruptas? Hay dos obstáculos principales. Por un lado, los partidos políticos que, amparándose en la rigidez tradicional de la administración pública, han fomentado instituciones que permiten una alta politización de la administración y, por tanto, generan corrupción. Por otro, los representantes de los cuerpos de funcionarios que abogan por el mantenimiento de un sistema de empleados públicos inamovibles. Quien obviamente paga las ineficiencias derivadas de la politización y de la rigidez administrativa son los ciudadanos.

Fuente: Elaboración propia, transparency.org, modernizacionadministracionpublica.blogspot.com, wikipedia